Malta vende la ciudadanía europea por 1,15 millones de euros

El plan del Gobierno maltés de conceder la ciudadanía y el pasaporte nacional a cualquier extranjero que esté dispuesto a pagar 1,15 millones de euros ha desencadenado duras críticas de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, porque, como destacaron varios eurodiputados, "permitirá a cualquier gángster u oligarca obtener inmediatamente sin trabas la ciudadanía europea", desplazarse libremente por la Unión Europea (UE) y residir y trabajar en cualquiera de los 28 estados comunitarios.

El Gobierno maltés tiene previsto vender 1.800 pasaportes y nacionalidades maltesas a partir de febrero del 2014 para obtener al menos 1.000 millones de ingresos para inversión pública. La nacionalidad maltesa no estará al alcance de cualquiera, porque supone pagar primero 650.000 euros por el pasaporte y después adquirir propiedades en Malta por una valor mínimo de 350.000 euros y comprar al menos 150.000 euros en deuda pública maltesa. A cambio de esos 1,15 millones, se obtiene la ciudadanía maltesa y europea, sin necesidad siquiera de residir en la isla.

"La ciudadanía europea no debe estar en venta", criticó la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, en el pleno de Parlamento Europeo en enero, mientras que la Eurocámara reclamó el pasado 16 de enero por una abrumadora mayoría que la Comisión Europea verifique que el proyecto maltés no vulnera las normas de Schengen sobre la supresión de controles fronterizos y la libre circulación de personas en el interior de la UE.

A pesar de las críticas de Reding y de la inmensa mayoría de eurodiputados, tanto la Comisión Europea como la presidencia semestral griega de la UE reconocieron el derecho exclusivo del Gobierno maltés a conceder la nacionalidad a quien quiera, ya que esta cuestión es una competencia exclusiva de los estados miembros, que ha sido ratificada varias veces por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. No obstante, la comisaria Reding considera que el proyecto maltés podría infringir la obligación de "sincera cooperación" entre estados que establece el Tratado de la UE.

Tras el aluvión de críticas, el primer ministro Maltés, el laborista Joseph Muscat, insistió en que se trata de un "programa de inversión" que aportará fondos para financiar hospitales, asistencia sanitaria, educación e infraestructuras al país y que permitirá "mejorar la calidad de vida de la gente y creará empleo".

El líder de la oposición maltesa, el conservador Simon Busuttil del Partido Nacionalista, ha aprovechado las críticas europeas al programa de venta de pasaportes para intentar socavar al Gobierno y ha anunciado que cuando llegue al poder anulará esos pasaportes.

Aunque Austria y Chipre tienen programas de venta de nacionalidad, el proyecto maltés es hasta ahora el más radical de la UE. Por su parte, España, Gran Bretaña, Portugal, Grecia, Irlanda venden permisos de residencia a los inversores ricos, que abren la vía para una posterior obtención de la nacionalidad al cabo de varios años.

Una versión más corta fue publicada por El Periódico el 20 de enero de 2014    

El rey belga se queja de que no llega a fin de mes

El rey Alberto II de Bélgica se queja "con amargura" desde su abdicación en julio del 2013 del trato "ingrato" que está recibiendo del Estado al que sirvió con devoción durante 20 años y considera insuficiente la actual asignación anual que recibe de 923.000 euros para llegar con comodidad a final de mes.

Albert II, según los mensajes que ha hecho llegar a la cúpula del Gobierno federal y de los principales partidos políticos del país, estima que la ex reina Beatriz de Holanda y el ex Gran Duque Jean de Luxemburgo han recibido una mejor trato financiero tras su abdicación, mientras que él se ve obligado a ajustar su tren de vida. Ante la dificultad de modificar el importe total de la asignación que fue aprobado por el Parlamento belga, Alberto II sugirió que el Estado asumiera algunos de sus gastos, como entre otros los gastos de mantenimiento y de calefacción de su palacio Belvedere (residencia oficial) y del carburante de su yate Alpha.

Las demandas del anterior monarca, sin embargo, han tropezado con un rechazo puro y duro de la coalición gubernamental democristiana, socialista y liberal, que cada año tiene crecientes dificultades para cuadrar el presupuesto federal y reducir el déficit público al ritmo exigido por la Unión Europea (UE).

El primer ministro belga, el socialista Elio Di Rupo, afirmó el 7 de noviembre en el pleno de la Cámara de diputados que "el Gobierno no tiene la intención, ni de forma directa o indirecta, modificar nada" de las asignaciones reales aprobadas por el Parlamento tras la reforma que introdujo la transparencia y la obligación de pagar impuestos a la familia real.

"El siglo XXI no es el siglo de los privilegios" y "la monarquía debe actuar en consonancia con la realidad y medir mejor las dificultades que viven las personas en este país", señaló el diputado socialista Christophe Lacroix durante el debate en el hemiciclo. Otros diputados en la oposición fueron mucho más irónicos y ácidos, como Jean-Maria Dedecker, que evocaron la figura de un monarca empobrecido "tapado con una manta" en su palacio para protegerse del frío y que no puede mantener "sus mansiones en Roma, París y en la Costa Azul".

Durante su reinado, Alberto II recibió una asignación de 11,5 millones de euros anuales para cubrir los gastos de su función como jefe de Estado, pero desde su abdicación la asignación se ha reducido a 923.000 euros anuales, aunque los gastos también se han recortado de forma muy significativa.

De los 923.000 euros anuales, 174.000 euros se considera el equivalente al salario y está sometida al impuesto sobre la renta. Los 749.000 euros restantes son destinados a gastos de funcionamiento y personal y están sometidos a la tributación indirecta (IVA, impuesto carburantes, tasas). No obstante, el Estado asume además el coste de hasta 10 empleados del monarca, que no le cuestan ni un euro a Alberto II, al margen de la seguridad policial también gratuita.

En fin, con esa asignación el rey y la reina Paola tienen que costear el mantenimiento de sus residencias en Bélgica, Francia e Italia, los gastos de sus vacaciones, su ropa, los regalos…etc. El yate Alpha, aunque es propiedad privada de Alberto II, figura matriculado como navío de la Marina belga y la tripulación está compuesta por personal de la Marina, pero el yate ha permanecido amarrado desde la abdicación.

Una versión más corta fue publicada en El Periódico el 9 de noviembre del 2013