El Blog de Eliseo Oliveras sobre política internacional. Una mirada crítica y sin compromisos desde la capital de Europa sobre las claves, el funcionamiento y los entresijos de la Unión Europea (UE), de la OTAN y de sus estados miembros.

Peligroso precedente de la Eurocámara contra la libertad de expresión


Votación durante una sesión plenaria del Parlamento Europeo



El Parlamento Europeo ha sentado esta semana un peligroso precedente contra la libertad de expresión al autorizar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha francés Front National, por sus opiniones a petición de la justicia francesa. Por incómodas, desagradables, reprobables o extravangentes que puedan ser las opiniones de un dirigente político o de un ciudadano, el derecho a la libertad de expresión es esencial y constituye el pilar fundamental sobre el que se levanta la democracia en Europa.

La libertad de expresión ha costado siglos de encarnizadas luchas e incontables mártires antes de haber quedado consolidada en la Unión Europea (UE). Por eso, sorprende que este derecho fundamental pueda ser olvidado tan alegremente por la Eurocámara como ocurrió el pasado 2 de julio cuando la mayoría de los eurodiputados votó a favor de que se pudiera juzgar a uno de ellos por sus meras opiniones. La mayoría de los eurodiputados, sometidos a la moderna dictadura de lo políticamente correcto, se escudaron en el argumento falaz de que la causa judicial instruida contra Marine Le Pen no tienen nada que ver con su actividad como eurodiputada, aunque se trate de declaraciones durante un mitin de su partido y no supongan ninguna incitación a cometer un delito.

Cómo es lógico, la ideología de extrema derecha de Marine Le Pen y de su partido provoca un rechazo generalizado entre la mayoría de los ciudadanos y políticos europeos. Sin embargo, eso no justifica que se le intente impedir expresar sus ideas o se la persiga judicialmente por sus opiniones. Eso sólo lo hacen los regímenes autoritarios y las dictaduras, que se distinguen por prohibir la publicación de libros, revistas y diarios y por perseguir la difusión de cualquier idea que salga de la norma permitida.

Ahora ha sido Marine Le Pen, y la mayoría no vaciló en negarle el derecho a la libertad de expresión porque se trataba de una paria política en la Eurocámara con una ideología fácilmente reprobable. Pero otro día será otro eurodiputado porque alguien, un colectivo, una empresa, un banco o una entidad política, se habrá sentido molestos o perjudicados por las opiniones o críticas que haya podido formular ese diputado fuera del Parlamento Europeo. Y el precedente ya estará sentado.

La creciente tendencia actual a "lo políticamente correcto" es una sutil estrategia moderna para ir amordazando poco a poco a la sociedad y a sus ciudadanos. Con la excusa de no molestar a un colectivo o a otro, se silencian los debates sobre temas incómodos. Se empieza condenar la publicación de una caricatura de Mahoma o procesando a un escritor por criticar una religión (Michel Houellebecq) y se acaba dejando de explicar a los estudiantes de secundaria la evolución de las especies. Y poco a poco se van introduciendo nuevas restricciones, como intentar prohibir que se filmen las actuaciones policiales en la calle o la reintroducción del delito de blasfemia, y al final se acabará impidiendo criticar a las instituciones del Estado y a sus representantes bajo el delito de desacato o se prohibirá informar sobre los casos de corrupción hasta que no haya una sentencia firme.  

El procedimiento judicial abierto en Lyon acusa a la hija del fundador del Front National, Jean-Marie Le Pen, de provocar «la discriminación, la violencia y el odio hacia un grupo personas en razón de su religión». La investigación judicial es fruto de las declaraciones públicas efectuadas por Marine Le Pen durante un mitin en diciembre del 2010, cuando afirmó que «los rezos en la calle» de los musulmanes son una forma de «ocupación», «sin blindados, ni soldados», pero «una ocupación igualmente». La denuncia contra la líder del Front National fue presentada por el Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos (MRAP) y la fiscalía ha abierto una instrucción judicial preliminar. La apertura de un procedimiento judicial por una mera opinión quizá no es ajena a que la popularidad de Marine Le Pen pueda restar votos a la derecha en las próximas elecciones europeas de mayo del 2014, en las que su partido figura como tercera fuerza favorita.

     

Europa está algo mejor, pero sigue muy mal


Sede de la Comisión Europea con la bandera de la UE



La Unión Europea (UE) y la eurozona están algo mejor que hace tres años, cuando estaba en duda la supervivencia del euro y del proyecto europeo, como señalan el Gobierno español y diferentes dirigentes europeos coincidiendo con el Día de Europa, pero siguen muy mal.

La salida de la recesión en la eurozona, retrasada a la segunda mitad de este año, se anuncia débil y problemática, las tasas de desempleo europeas y españolas alcanzan niveles récord y los líderes europeos siguen careciendo de una estrategia efectiva de salida da la crisis que vaya más allá de las palabras grandilocuentes y los millones ficticios de papel.

El antiguo desapego de los ciudadanos hacia el proyecto de integración europea se está transformando en una creciente hostilidad al responsabilizar a Europa y a las políticas impuestas desde la Comisión Europea de sus penurias cotidianas y de la falta de perspectivas futuras. El creciente éxito electoral de los grupos políticos populistas, extremistas y antieuropeos lo muestra claramente.

FRACTURA NORTE-SUR

La diferente situación económica de los países del sur y la periferia europea respecto al centro y el norte de Europa está abriendo además una brecha cada vez más profunda entre las dos Europas, que impide a Alemania y sus aliados percibir con objetividad la gravedad de la situación económica real europea. Esto lleva a Alemania y a la Comisión Europea a empeñarse en aplicar políticas que hasta ahora han agravado la recesión y el paro.

El Banco Central Europeo (BCE), prisionero de las rigideces impuestas por Alemania durante su concepción, no parece dispuesto a seguir el ejemplo de la Reserva Federal de Estados Unidos con su intervención decidida a favor del crecimiento mediante inyecciones masivas de fondos en el sistema económico norteamericano. El resultado no podría ser peor para Europa: mientras el producto interior bruto (PIB) de EEUU creció el año pasado el 2,2% y crecerá este año el 1,9%, el de la eurozona sufrió una contracción del 0,6% en el 2012 a la que le seguirá una contracción del 0,4% en el 2013.   
Tras demostrarse que las supuestas bases empíricas de la política de austeridad a ultranza se basaban en errores de cálculo y cifras manipuladas, la Comisión Europea ha suavizado el rigor en la reducción del déficit público, pero sigue sin presentar un plan efectivo de crecimiento y creación de empleo.

POBLACIÓN EMPOBRECIDA

La confianza ciega de Alemania y la Comisión Europea de que los ajustes y las reformas conseguirán por sí solos sacar a la eurozona de la crisis choca con la experiencia de la historia económica. El anterior primer ministro italiano y antiguo comisario europeo, Mario Monti, liberal y muy poco sospechoso de izquierdismo, ya ha advertido en repetidas ocasiones que «las reformas económicas por sí solas nunca traerán crecimiento».

Como señalan los premios Nobel de Economía Joseph Stiglitz  y Paul Krugman, la actual crisis es una crisis de falta de demanda y consumo, que no se resolverá con ajustes presupuestarios y reformas (políticas de oferta). Además, la enorme desigualdad socioeconómica acumulada en las últimas décadas y el drástico empobrecimiento de la clase media y trabajadora después de la crisis financiera del 2008 hace todavía más difícil la salida de la crisis, porque ha hundido la capacidad de consumo de la mayoría de la población, con excepción del reducido porcentaje de la élite socioeconómica que se enriquece cada vez a ritmos más acelerados, como subraya Stiglitz.

La actual normativa de la UE protege a la mayoría de los evasores fiscales



Reunión del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE



A pesar de los grandes anuncios públicos de los ministros de Economía y Hacienda europeos, la realidad es que la lucha contra el fraude fiscal avanza con extrema lentitud y limitada eficacia en la Unión Europea (UE). La Comisión Europea estima que cada año el conjunto de los Veintisiete pierden un billón de euros de recaudación tributaria a causa de la evasión fiscal, una cifra que equivale al producto interior bruto (PIB) de España. Si ese fraude no existiera, los problemas de déficit y deuda pública estarían resueltos. El informe que maneja la Comisión Europea calcula el volumen total de evasión fiscal en España en más de 72.000 millones anuales. Mientras tanto, la reforma de la directiva sobre tributación del ahorro, que podría ayudar a corregir esa situación está bloqueada desde el 2009 por Luxemburgo y Austria.
           
El requisito de la unanimidad de los Veintisiete para aprobar cualquier normativa relativa a impuestos convierte la adopción de reglas comunes contra la evasión fiscal en una tarea complicadísima, que requiere muchos años de negociaciones e innumerables concesiones para satisfacer a todos y con un resultado siempre decepcionante.
           
NORMA LLENA DE AGUJEROS
La directiva actual sobre la tributación del ahorro, que entró en vigor el 1 de julio del 2005 y requirió 15 años de frustrantes negociaciones, está repleta de agujeros y es totalmente inútil para evitar la evasión fiscal importante. La directiva sólo es eficaz, y aún parcialmente, para detectar la pequeña evasión fiscal que pueda hacer un ciudadano con una cuenta bancaria a su nombre en el extranjero. Pero la evasión fiscal significativa, que, como ha dejado claro el ‘caso Bárcenas’, se realiza a través de sociedades pantalla, sociedades instrumentales, fidecomisos y otras entidades, escapa totalmente al ámbito de aplicación de la actual normativa europea.
           
La directiva sobre tributación del ahorro se aplica exclusivamente a las cuentas y depósitos bancarios a nombre de personas, mientras que las que están a nombre de sociedades, trusts u otros instrumentos no están sometidas a ninguna obligación. Todos los países de la UE, excepto Austria y Luxemburgo, facilitan a las administraciones tributarias del resto de sus socios europeos los datos personales de sus ciudadanos respectivos que tengan cuentas en sus bancos y del importe de los intereses cobrados por sus depósitos.
           
Austria y Luxemburgo, que mantienen el secreto bancario, efectúan como contrapartida una retención del 35% sobre el importe de los intereses cobrados por esos ciudadanos europeos extranjeros y abonan el 75% de esa cantidad retenida a las haciendas de sus respectivos países. El 25% restante se queda en Austria y Luxemburgo como pago por los gastos administrativos. Los acuerdos suscritos por la UE con los paraísos fiscales europeos y británicos establecen el mismo sistema de intercambio de información o la retención fiscal sobre los intereses.
           
CAMBIO DE TÁCTICAS
La aplicación a partir del 2005 de la directiva permitió obtener información anual sobre el pago de intereses o reembolso de inversiones bancarias que alcanzó su máximo nivel en el 2007 con 38.900 millones, pero que cayó a sólo 9.900 millones en el 2009, según el informe de evaluación de la Comisión Europea en el 2012. La directiva reforzó la tendencia a ocultar las inversiones en el extranjero detrás de sociedades instrumentales o de otros productos, como seguros.
           
Otro de los problemas de la directiva actual es la calidad de los datos que reciben las administraciones de Hacienda de los bancos, que muchas veces son incompletos, erróneos o no explotables para localizar al defraudador. La situación ha mejorado, pero aún persisten problemas, según fuentes comunitarias.
           
Ante el colador que constituye en la práctica la actual directiva, la Comisión Europea presentó en el 2008 una propuesta de reforma para incluir en el ámbito de la misma a las inversiones disimuladas en contratos de seguros y a las sociedades y entidades instrumentales que utilizan los defraudadores para ocultar sus fondos.
           
NORMATIVA BLOQUEADA
El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE llegó a un principio de acuerdo sobre esa reforma el 2 de diciembre del 2009, pero su aprobación definitiva está bloqueada por Luxemburgo y Austria.

Ambos países exigen como condición para permitir la entrada en vigor de esa reforma clave que primero se pacte con los paraísos fiscales europeos e internacionales la aplicación de medidas idénticas en su territorio. Los dos países también mantienen bloqueada simultáneamente la aprobación del mandato de negociación de la UE con esos paraísos fiscales, por lo que los evasores fiscales mantienen garantizada su impunidad.
           
España, Alemania, Italia, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Polonia y Rumania han anunciado que pondrán en marcha un sistema de intercambio automático de datos para luchar contra el fraude fiscal, pero esto afectará a las cuentas personales de sus ciudadanos, que ya están controladas por la directiva sobre el ahorro. Luxemburgo también ha anunciado que estaría dispuesto a partir del 2015 a facilitar información sobre las cuentas personales de los ciudadanos europeos en su territorio, pero esa medida deja sin tocar los mecanismos reales de evasión fiscal, como son las cuentas a nombre de sociedades instrumentales y fidecomisos.

La única actividad que está resultando efectiva, y que Alemania practica siempre que puede, es la compra de bases de datos secretas de los clientes a las entidades financieras activas en la evasión fiscal. El länder de Renania-Palatinado precisamente acaba de comprar un CD con datos de las cuentas secretas de los clientes de Credit Suisse y espera obtener una recaudación de al menos 500 millones de euros con la explotación de esos datos y la campaña de inspecciones puesta en marcha gracias a ellos.

Un estudio desmonta las bases empíricas de la política de austeridad


El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn



La política de austeridad a ultranza que ha hundido a la eurozona de nuevo en la recesión se basa en datos y conclusiones analíticas erróneas. Así lo acaba de demostrar un estudio de la Universidad de Massachusetts elaborado por los profesores Thomas Herndon, Michael Ash y Robert Pollin.

El estudio “¿Ahoga sistemáticamente el crecimiento una deuda pública elevada?” demuestra que es falso que el crecimiento económico de un país caiga en picado cuando la deuda pública supera el umbral del 90% del producto interior bruto (PIB), como sostenían las bases empíricas utilizadas por la Unión Europea (UE), EEUU y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto echa por el suelo la estrategia política de recortar el déficit público a ultranza para evitar que la deuda pública alcance ese fatídico nivel. Como consecuencia de ello, el estudio muestra que sigue siendo posible modular el gasto público para reanimar el crecimiento económico.

CRECIMIENTO CON DEUDA ELEVADA
El nuevo estudio indica que el crecimiento anual baja de media al 2,2% cuando se supera el umbral de deuda del 90% en las economías avanzadas tomando como base de datos el periodo 1946-2009, pero no cae al -0,1%, como sostenían los  profesores Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff en su informe «Crecimiento en tiempos de deuda». Esto es debido a que las bases de cálculo de Reinhart-Rogoff están repletas de graves errores, de datos omitidos y de ponderaciones injustificadas que conducen a un resultado equivocado muy sesgado a favor de la austeridad.

Tras corregir esas deficiencias, los profesores de la Universidad de Massachusetts muestran utilizando el mismo esquema Reinhart-Rogoff que los países con una deuda inferior al 30% registraron de media un crecimiento del 4,1% en el conjunto del periodo 1946-2009, los países con una deuda entre el 30% y el 90% tuvieron un crecimiento anual medio alrededor del 3,2% y los países con deudas superiores al 90% el crecimiento fue del citado 2,2%.

MENOR IMPACTO DE LA DEUDA AHORA
El nuevo estudio de los profesores Thomas Herndon, Michael Ash y Robert Pollin revela además que el efecto de la deuda pública elevada sobre el crecimiento en el periodo 2000-2009 es mucho menor que en la secuencia histórica larga. Así muestra que países con una deuda superior al 90% tuvieron un crecimiento de media del 1,7% en ese periodo, superior al de los países con una deuda entre el 60% y el 90% (1,3%).

Asimismo, el nuevo estudio muestra que en el periodo actual 2000-2009 los países con una deuda inferior al 30% sólo tuvieron un crecimiento superior en 1 punto porcentual a los que tenían una deuda superior al 90% y que los países con deuda entre el 30% y el 60% sólo crecieron 0,2 puntos más que aquellos en los que superaba el 90% del PIB.

Los profesores de la Universidad de Massachusetts han añadido además dos nuevos bloques en la secuencia histórica larga (1946-2009) que revelan que con una deuda pública comprendida entre el 90% y el 120% del PIB el crecimiento anual medio se situó en el 2,4% y con una deuda pública superior al 120% el crecimiento medio anual aún se mantuvo en el 1,6%, lejos de los resultados catastróficos del esquema Reinhart-Rogoff.

Los resultados erróneos de Reinhart-Rogoff  han sido utilizados por la Comisión Europea como base empírica para imponer su política de austeridad a ultranza, que ha devuelto a la eurozona a la recesión y también se utilizan en EEUU como referencia para defender un recorte drástico del gasto público norteamericano. El propio comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, aún afirmó públicamente en febrero del 2013 que “investigaciones académicas serias” muestra que una deuda pública superior al 90% del PIB conduce a un bajo crecimiento.

Rescate de Chipre: Nicosia y Bruselas culpables




Michael Sarris, Ministro de Finanzas de Chipre



Chipre se ha convertido en el quinto país de la eurozona en necesitar ayuda financiera internacional, después de Grecia, Irlanda, Portugal y España. Pero a diferencia de los casos anteriores, los clientes nacionales y extranjeros de los bancos chipriotas deberán contribuir al rescate para evitar la quiebra del sistema bancario y del propio país. La cifra total del rescate parece pequeña, 10.000 millones de euros, pero dado el diminuto tamaño de la economía del país (862.000 habitantes y un PIB de 17.800 millones) es descomunal. Para captar la dimensión real de ese rescate, la cifra equivaldría a 586.000 millones en el caso español si el Gobierno hubiera necesitado una ayuda de la misma proporción.

Esto permite comprender el tamaño del desastre y la inevitabilidad de la tasa impuesta a los clientes de los bancos de entre el 6,75% y el 9,9% de sus depósitos. Sin esa tasa, que se compensará con acciones de los bancos, la ayuda internacional habría tenido que ser de 17.500 millones, equivalente al PIB de Chipre. Es decir, como si España hubiera necesitado un rescate imposible de 1 billón de euros. La tasa a los depositantes resulta un coste leve, teniendo en cuenta que estos bancos chipriotas ofrecen unos tipos de interés en los depósitos que van desde el 4,5% al 6,6% para cantidades superiores a 1.000 euros a un año de plazo. Y más teniendo en cuenta que sin rescate los bancos quebrarán.

La novedad de sacrificio impuesto a los depositantes está ocultando, una vez más, la responsabilidad de quienes han permitido que se llegue a esta situación tan desastrosa. Los responsables en ese caso son las autoridades chipriotas y como en los demás la Comisión Europea.

Los sucesivos gobiernos chipriotas no sólo no han hecho nada a lo largo de la última década para evitar que el sector bancario del país se convirtiera en un monstruo sobredimensionado de pies de barro, cuyos activos suman más de ocho veces el PIB nacional, sino que por el contrario han alentado ese desarrollo hipertrófico para consolidar la isla como paraíso fiscal y plataforma de penetración del capital ruso en la eurozona, por no hablar de las reiteradas acusaciones de su actitud laxa hacia el blanqueo de dinero de la banca chipriota.

La Comisión Europea, tan rauda en las críticas a posteriori y en reclamar recortes en los derechos de los trabajadores, ha mostrado una vez más su complacencia con el sector bancario y los poderes financieros. Desde el ingreso de Chipre en la UE en el 2004, el Ejecutivo comunitario no ha adoptado ninguna medida efectiva, ni ha exigido una reducción del tamaño de la banca chipriota hasta que ha estallado el problema, al igual que prefirió mirar hacia otra parte mientras la bomba de relojería griega se estaba cebando.

La Comisión Europea, a quien no le tiembla el pulso para imponer sacrificios a los trabajadores, se muestra blanda con el sector bancario hasta tal punto que el Parlamento Europeo tiene que endurecer sistemáticamente todos los proyectos de ley que presenta sobre el sector financiero debido a lo poco exigentes que son con las empresas del sector. No hay que olvidar que el presidente de la Comisión Europea, el conservador José Manuel Durao Barroso, a pesar de sus actuales discursos, se opuso con firmeza durante años al establecimiento de regulaciones financieras que pusieran coto a los desmanes del sector bancario y defendía con vehemencia la desregulación que llevó a la crisis financiera del 2008 y de la que aún no nos hemos recuperado.

Un mal presupuesto para los ciudadanos europeos


José Manuel Durao Barroso y Herman Van Rompuy al finalizar la cumbre



A pesar de las declaraciones grandilocuentes de los dirigentes europeos y en especial de la cancillera alemana, Angela Merkel, en favor de «más Europa», los acuerdos presupuestarios de la reciente cumbre del 7 y 8 de febrero condenan a siete años de «menos Europa» y a una Unión Europea (UE) de mínimos. Esto perjudicará a todos los ciudadanos europeos, incluso a los de los países que han impuesto los recortes, porque privará al presupuesto europeo de actuar como motor de crecimiento económico de la UE en estos tiempos de crisis.
           
El Consejo Europeo ha supuesto también un nuevo mazazo al ya maltrecho eje franco-alemán, principal motor de la integración europea, y ha reforzado el papel de la cancillera alemana, Angela Merkel, como líder indiscutible de la UE. La cumbre ha consolidado el poder de Merkel como arbitro decisivo, que se alía con los países del norte, del sur o del este según sus conveniencias políticas del momento.

En la cumbre, Merkel actuó aliada del primer ministro británico, David Cameron, y de Holanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Estos seis países fueron los grandes vencedores de la cumbre, ya que lograron un sustancial recorte del gasto europeo a partir del 2014 y, como consecuencia de ello, su contribución al presupuesto de la UE. La cumbre consolidó también el mantenimiento de los cheques y reducciones a las contribuciones al presupuesto anual de la UE del Reino Unido, Holanda, Suecia y Alemania. Dinamarca obtuvo asimismo su propio cheque, que era una de sus principales reivindicaciones.
           
HOLLANDE DEBILITADO
El presidente francés, François Hollande, que fracasó en sus intentos de lograr una posición previa común con Merkel, se encontró en una posición de debilidad. Hollande, aliado con países a su vez ya débiles, como Italia y España, y sin posibilidad real de utilizar el veto, se vio obligado una vez más a inclinarse, a pesar de sus grandes discursos de días antes. Hollande fue el gran perdedor de la cumbre. Como comentó con sorna algún analista, Hollande iba a Bruselas y acabó en Waterloo.  
           
La Comisión Europea también demostró de nuevo en la cumbre que es un mero secretariado técnico de los grandes países, sin ningún coraje, ni peso  político. Su presidente, José Manuel Durao Barroso, se plegó al diktat de Merkel y Cameron, renunció a su propio proyecto de presupuestos que consideraba el mínimo indispensable y ofreció apañárselas con lo que los líderes acordaran. Barroso, que con su sueldo de más de 30.500 euros al mes es uno de los políticos mejor pagados de Europa, ni siquiera amenazó con dimitir ante el recorte del gasto europeo.

CAÓTICA GESTIÓN DE VAN ROMPUY          
La caótica gestión de la cumbre por parte del presidente de la UE, Herman Van Rompuy, que retrasó 15 horas la presentación de una propuesta escrita de marco presupuestario, complicó las negociaciones, según fuentes diplomáticas. Varios países expresaron también su malestar por la excesiva preocupación mostrada por Van Rompuy por las exigencias británicas.  
           
El complejo compromiso alcanzado tras 26 horas de ininterrumpidas discusiones supone un recorte del 3,7% del gasto comprometido europeo para el periodo 2014-2020 respecto al marco presupuestario actual, pese a que la UE contará desde julio con un nuevo estado miembro: Croacia. Este recorte es la primera vez que se produce en la historia y reduce la capacidad de  la UE de luchar contra la crisis y la solidaridad entre los países ricos y los pobres.

SOBRES PARA ESCONDER LA DERROTA
Ante el abandono de sus responsabilidades por parte de la Comisión Europea, la incapacidad de Francia de dar la batalla y la inflexibilidad de los países ricos,  liderados por el tándem Merkel-Cameron, los países del sur y del este de Europa se conformaron con los distintos sobres de ayudas regionales y agrarias suplementarias para cada uno de ellos, gracias a los cuales podían ocultar su derrota y pretender de vuelta a sus países que habían ganado, cuando en realidad han perdido.

De este modo, España limitó el recorte de ayudas regionales y agrarias que sufrirá en el periodo 2014-2020 con un sobre especial de 1.874 millones para sus regiones y de 500 millones para el desarrollo agrario y la confianza de obtener al menos 900 millones del futuro fondo europeo para el empleo juvenil.  

FINANZAS COJAS
No obstante, las finanzas de la UE han quedado cojas a partir del 2014. El gasto total comprometido para el conjunto del periodo 2014-2020 asciende a 960.000 millones del presupuesto, a los que hay que sumar unos 36.000 millones del fondo de desarrollo extracomunitario y de los fondos de solidaridad intraeruropeos. En total: unos 996.000 millones.

No sólo se reducen las ayudas regionales (8,4%) y agrarias (11,3%), sino también el fondo de solidaridad intraeuropeo (51%) y el fondo para paliar los efectos negativos de la globalización en la UE  (70%). Asimismo, las partidas destinadas al impulso económico crecen mucho menos de lo previsto y los fondos para grandes redes de transporte quedan muy amputados. Además, la marcada diferencia entre los compromisos de gasto en el presupuesto (960.000 millones) y el límite de pagos anuales, impuesta por Cameron, puede conducir a que la UE acumule un déficit de 51.000 millones.

Los principales grupos políticos del Parlamento Europeo han afirmado que el nuevo marco presupuestario tal como está pactado no es aceptable, pero no está claro que se atrevan a vetarlo. Lo más probable es que se conforme con las nuevas cláusulas de revisión y de flexibilidad para reorientar los fondos no gastados en unas partidas hacia otras, en lugar de devolverlos a los estados como hasta ahora.