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| El primer ministro belga, Elio di Rupo, con Mariano Rajoy en una cumbre europea |
El Gobierno presidido por Mariano Rajoy parece no comprender muy bien como funciona la Unión Europea (UE). Primero fue su pésima estrategia de enfrentamiento con la Comisión Europea y la sus socios en la eurozona para suavizar el objetivo de déficit público para este año, que ha reducido sustancialmente la credibilidad de España. Ahora ha sido su pretensión de modificar drásticamente la red transeuropea de transportes, negociada durante dos por la Comisión Europea con cada uno de los gobiernos de los 27 países de la UE, como si los compromisos adquiridos previamente por el Estado español con la UE y sus demás socios perdieran validez por el simple cambio de Gobierno tras las elecciones.
La estrategia seguida por Rajoy y su ministro de Economía, Luís de Guindos, con el déficit público podría costar a España la pérdida del puesto permanente en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) cuando expire a finales de mayo el mandato de José Manuel González Páramo.
La pérdida de este puesto la cúpula del BCE, que le ha correspondido tradicionalmente como uno de los cuatro grandes países de la zona euro, supondría el reconocimiento público de que España se ha convertido en un país política y económicamente de segunda división. Finlandia, Holanda y Luxemburgo están en contra de nombrar a otro español para el puesto y Alemania no ha dado hasta ahora la más mínima señal de respaldo a España en esta cuestión.
Rajoy y De Guindos, en lugar de negociar abiertamente una flexibilización del objetivo del déficit público para este año con la Comisión Europea y sus socios, prefirieron repetir hasta la saciedad declaraciones públicas huecas reafirmando su voluntad de respetar unos compromisos, cuando en realidad pensaban saltarse esos mismos compromisos unilateralmente, como si desconocieran las claras disposiciones de las nuevas normas endurecidas del pacto de estabilidad y de gobierno económico europeo.
El Eurogrupo obligó el pasado 12 de marzo al Gobierno español a corregir el objetivo de déficit que había fijado unilateralmente para este año: el 5,3%, del producto interior bruto (PIB), en lugar del 5,8%. El Gobierno presentó como una victoria esa derrota política, porque había logrado una flexibilización y que no se le exigiera cumplir el objetivo inicial del 4,4%.
Pero a causa de esa política de falsas declaraciones y desafíos nacionalistas el Gobierno se ha dejado por el camino la credibilidad tan duramente conseguida por España en los últimos años y esa pérdida de credibilidad precisamente podría costar el puesto español en la cúpula del BCE.
Uno de los mayores críticos a la estrategia del Gobierno de Rajoy ha sido el presidente del BCE, Mario Draghi, de cuya buena voluntad depende la intervención de la institución en el mercado secundario de deuda pública si se produjeran nuevos asaltos especulativos contra la deuda española. Esa misma estrategia nefasta ha frenado la reducción de tipos de interés de que se beneficiaba España en los mercados internacionales y ha vuelto a disparar al alza los tipos de la deuda a diez años, muy por encima de la deuda italiana, colocando a España en la primera línea de peligro de nuevos ataques especulativos.
La fijación del objetivo de déficit al 5,3% para este año tampoco ha resuelto los problemas de España en el saneamiento de sus cuentas públicas. Primero, porque la Comisión Europea sigue sin estar muy satisfecha de las explicaciones dadas sobre el incomprensible desvío en prácticamente un solo mes del déficit del 2011 del estimado 6%-7% al 8,5%. Segundo, porque el Gobierno se ha negado a revelar debido a las elecciones andaluzas cómo piensa rebajar el déficit este año del 8,5% al 5,3% y a continuación al 3% en el 2013. Y tercero, porque la Comisión Europea mantiene abierta su amenaza de amonestar y sancionar a España por no haber cumplido sus obligaciones de reducir el déficit público al ritmo pactado si los planes de ajuste previstos en los presupuestos del 2012 y en el programa de estabilidad para el 2013 no le parecen suficientes y adecuados.
Y con las redes transeuropeas ha vuelto a repetirse la misma situación de que por motivos puramente de política interna, ni siquiera económicos, el Gobierno olvida como funciona la UE y sufre una importante derrota política al quedar aislado en el Consejo de Ministros europeo a causa de unas demandas imposibles de asumir.
La pretensión de la ministra de Fomento, Ana Pastor, de modificar sustancialmente una red pactada previamente con la inclusión del corredor ferroviario central a través del Pirineo, que no cuenta con el respaldo indispensable de Francia para llevarlo a cabo, supone un derroche inútil de energía, medios y del propio caudal político y credibilidad de España en la UE.
El empecinamiento del Gobierno de Rajoy en esa opción actualmente imposible del túnel pirenaico corre el riesgo de que no se preste la suficiente atención, diligencia y esfuerzo económico a los dos corredores sí aprobados, el mediterráneo y el atlántico, que son cruciales para el desarrollo económico futuro de España.
