¿Hasta dónde llegará la unión fiscal de la eurozona?

Sede de la Comisión Europea en Bruselas con la badera de la UE

La eurozona prepara contrarreloj su refundación en la cumbre europea del 8 y 9 de diciembre para corregir sus debilidades políticas iniciales que han facilitado la crisis actual y derrotar la especulación financiera contra la deuda pública europea.

La semana que va a cambiar Europa con un salto hacia una mayor integración política arranca con una reunión en París el 5 de diciembre de la cancillera alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy. Los dos líderes intentarán superar las diferencias que les separan y sentar las bases de una unión fiscal entre los 17 países del euro, que supondrá una supervisión en común de los presupuestos nacionales y duras sanciones políticas y económicas a los países que no acaten las decisiones comunes.

Tres cuestiones clave dominarán las discusiones y negociaciones políticas: ¿Hasta dónde debe llegar la cesión de soberanía de los estados para corregir los defectos de nacimiento del euro? ¿Cuáles serán los mecanismos de solidaridad que se establecerán para proteger a los estados más acosados por la especulación? ¿Cuál será el método para formalizar y dar vigencia legal a esos acuerdos?

¿Los líderes europeos serán capaces de tener el valor v la visión política a largo plazo necesarios para resolver la actual crisis de la deuda de forma definitiva o volverán a limitarse a acuerdos parciales inspirados por estrechos intereses electorales nacionales a muy corto plazo?

La zona euro necesita un auténtico gobierno económico colectivo, con plena capacidad para fijar en común las orientaciones económicas y presupuestarias adecuadas y con poder suficiente para hacer cumplir esas directrices comúnmente aceptadas a cada uno de los socios. El procedimiento ideal debería ser que la Comisión Europea supervisa, alerta y recomienda y que el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de los 17 países de la eurozona adopta las decisiones.

La experiencia recomienda que la regla de la unanimidad sea abolida, tras los nefastos ejemplos recientes de bloqueos por planteamientos populistas internos de algún país, y que la norma sea la mayoría cualificada. ¿Pero están los gobiernos de la zona euro y sus poblaciones preparados para esa cesión de soberanía en cuestiones tan importantes como la concesión de ayudas a un estado en apuros o el incremento de las aportaciones al fondo de rescate?

La disciplina presupuestaria estricta en una unión fiscal debería tener como contrapartida avanzar hacia un sistema de solidaridad también reforzada entre los miembros del euro. La creación de un Tesoro único o la emisión de eurobonos colectivos resultan aún prematuras. Esas medidas no podrán convertirse en realidad hasta los déficits y deudas públicas se hayan reducido sustancialmente y que las poblaciones y los gobiernos de los países virtuosos ya no tengan miedo a tener que pagar los excesos de los países manirrotos.

Pero el pacto fiscal requiere un mecanismo de solidaridad mínimo que podría basarse en que Alemania deje de objetar mediante el silencio una intervención contundente y masiva del Banco Central Europeo (BCE) para proteger la deuda pública de los países acosados por los especuladores hasta que comprendan que no pueden destruir al euro. Además, debería agilizarse la capacidad de intervención del fondo de rescate europeo también en apoyo de la deuda.

Para maximizar la efectividad de los acuerdos de la cumbre sobre este pacto o unión fiscal deberían tener una aplicación casi inmediata para demostrar que son irreversibles a los mercados y silenciar a quienes llevan más de una década anunciando la muerte del euro.

Una reforma del Tratado de la Unión Europea (UE) es un proceso lento, engorroso y de ratificación incierta, como la historia ha demostrado. Como las cesiones de soberanía pueden ser de gran calado un acuerdo político sería insuficiente. Una posibilidad rápida sería un tratado intergubernamental de los 17 países afectados, que posteriormente podría convertirse en acervo comunitario, como ocurrió con los Acuerdos de Schengen. Otra posibilidad sería su inclusión como un protocolo propio de la eurozona al Tratado de la UE, aprovechando la ratificación del Tratado de Adhesión de Croacia, que precisamente debe firmarse durante la cumbre del 9 de diciembre.