Grecia se prepara para dar otra vuelta de tuerca a su draconiano plan de ajuste. Los políticos portugueses, por su parte, intentan mantener a la población en la ignorancia de las duras medidas y los dolorosos sacrificios que les esperan después de las elecciones, y la población irlandesa, cohesionada por su nacionalismo, parece resignada a pagar con sus sacrificios el enriquecimiento previo y descontrolado de los promotores inmobiliarios y los banqueros, bendecido hasta la crisis por sus políticos nacionales.
Incluso en otros países que no están intervenidos por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), como España, nuevos recortes en los derechos y prestaciones sociales y nuevas injusticias económicas esperan a la vuelta de la esquina.
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| El comisario de Economía, Olli Rehn, y el presidente del Eurogrupo |
El propio comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, en una entrevista en El Periódico el pasado mes de abril reconoció que “el reparto de sacrificios para salir de la crisis es injusto”.
Hasta ahora los sacrificios y ajustes se han concentrado exclusivamente en los trabajadores y las capas populares de la población, mientras la distancia entre los sueldos medios y los de los ejecutivos no paran de crecer a un ritmo vertiginoso y los gobiernos no adoptan ninguna medida, ni parecen escandalizarse por la exhibición sin pudor de esos salarios supermillonarios, ni por el reparto de las primas de cientos de millones de euros entre los banqueros.
¿Por qué no se ha abierto expediente, salvo en casos excepcionalísimos, a ninguno de los directivos de bancos y cajas responsables de la crisis financiera en España o en los otros países europeos donde los Gobiernos han tenido que intervenir para evitar quiebras bancarias en cadena?
¿Por qué en lugar de una penalización, al menos financiera, esos directivos siguen en sus puestos en las entidades fusionadas, se han ido con suculentas indemnizaciones en el bolsillo o se han recolocado en otras actividades?
¿Por qué no se ha emprendido ninguna acción judicial desde Europa contra las agencias de calificación (rating) por haber avalado con la máxima solvencia productos financieros que no valían nada, esas mismas agencias que ahora se esfuerzan por intentar hundir la cotización de la deuda pública de los países europeos?
¿Por qué los responsables de la supervisión bancaria, como el gobernador del Banco de España, que no hicieron nada para detener la burbuja inmobiliaria-financiera --como ha dejado en evidencia informes de la Comisión Europea-- sólo parecen interesados en recortar los derechos de los trabajadores?
¿Por qué debe tributar más trabajar ocho horas cada día que los rendimientos del capital? ¿Por qué el peso del impuesto sobre la renta recae sobre los asalariados, mientras que la clase acomodada, incluidos los promotores inmobiliarios, en España, Francia, Italia y otros países escapa a la tributación a través de las denominadas sociedades de inversión de capital variable (Sicav)? En España ni siquiera la Agencia Tributaria puede investigar esas sociedades Sicav si no es con una autorización previa difícil de obtener de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
¿Por qué se permite a las entidades financieras, que han podido superar la crisis gracias a las ingentes ayudas públicas (y, por tanto, las contribuciones de todos los ciudadanos), que se queden con el piso de las personas que no pueden pagar la hipoteca a la mitad de su valor y además sin dejar zanjada siquiera la deuda?
Los interrogantes de los ciudadanos son tantos, que harían falta muchas páginas para enumerarlos. Pero la respuesta de los gobiernos europeos, del Eurogrupo y de la Comisión Europea sólo parece una: ajuste, ajuste y más ajuste, a costa de los más débiles.
