Responsabilidad y caos aéreo

Aeropuerto de Bruselas (Bélgica) cubierto de nieve

Las reiteradas malas condiciones climatológicas que afectan a Bélgica, el norte de Francia, Alemania y Gran Bretaña han puesto aún más de manifiesto la preocupante falta de previsión de las compañías gestoras de los aeropuertos para hacer frente a condiciones meteorológicas adversas y la pasividad de las autoridades nacionales de los respectivos países para asegurar el correcto funcionamiento de un servicio público esencial para la población y la economía como es el transporte aéreo.

En otros países, como Finlandia, Suecia, Suiza o Noruega, por citar sólo unos ejemplos europeos, los aeropuertos son capaces de funcionar con normalidad en condiciones climáticas mucho más adversas y con grosores de nieve muy superiores.

Sin embargo, bastan unos pocos centímetros de nieve y unos cuantos días de temperaturas bajo cero –condiciones normales en el actual periodo invernal—para que los aeropuertos de Gran Bretaña, Francia, Bélgica y en menor media Alemania queden paralizados por la falta del equipamiento necesario y de las reservas mínimas de anticongelante para los aviones que cabe esperar de una gestión empresarial responsable.

Tras el caos aéreo que está padeciendo Europa desde hace ya una semana, hay que preguntarse si alguna de las compañías responsables de tan desastrosa gestión de los aeropuertos afectados va a ser sancionada económicamente por el Gobierno respectivo por su patente falta de previsión y su pésima prestación del servicio público encomendado o si, una vez más, el servicio tercermundista que han recibido decenas de miles de pasajeros quedará impune.

Esta falta de previsión es fruto además de la estrategia de esas empresas de maximizar los beneficios a través de una reducción a ultranza de gastos, sin importarles que sea a costa del servicio público que en teoría están obligadas a garantizar y que los propios pasajeros pagan con unas tasas cada vez más elevadas incluidas en los precios de los billetes de avión.

La cuestión de la sanciones a las compañías gestoras de los aeropuettos por negligencias o mala prestación del servicio es ahora especialmente importante en España, ya que el Gobierno se apresta a privatizar los principales aeropuertos del país, como Barcelona y Madrid.

No puede ser que los graves errores de gestión de esas compañías aeroportuarias sólo los paguen los sufridos pasajeros, a los que parecen despreciar olímpicamente, mientras los directivos de esas empresas y sus accionistas disfrutan de los beneficios obtenidos gracias a ese maltrato de los pasajeros.

La Comisión Europea ha denunciado esta situación “inaceptable”, pero será necesario que esa toma de posición política no quede reducida a una mera declaración de cara a la galería, sino que se transforme en exigencias concretas a los gobiernos de los 27 países de la Unión Europea (UE).

Improvisación y caos aéreo

Los ciudadanos europeos y los viajeros están asistiendo atónitos e indignados a un nuevo espectáculo de increíble improvisación y caos aéreo por parte de las autoridades aeroportuarias, que ha alcanzado su colofón surrealista en Bélgica, con la suspensión de vuelos desde el aeropuerto internacional de Bruselas por haberse quedado sin reservas de anticongelante para los aviones justo cuando tan solo acaba de empezar el invierno.

Mientras las autoridades nacionales y los responsables aeroportuarios parecen considerar normal que el tráfico aéreo pueda quedar paralizado en media Europa y que decenas de miles de pasajeros sean literalmente abandonados a su suerte en los aeropuertos por una serie de nevadas en la estación del año en la que es normal que nieve, ha tenido que ser la Comisión Europea la que ha traducido la indignación ciudadana en una queja política. El actual caos aéreo “es inaceptable y no debería repetirser”, ha señalado el comisario europeo de Transportes, Siim Kallas, en un comunicado oficial.

La falta de preparación de los aeropuertos europeos para hacer frente a las condiciones climatológicas normales del periodo invernal y la ausencia de planes de contigencia para hacer frente a una serie de nevadas es fruto de que se ha dejado que la lógica del beneficio a ultranza anule los principios del servicio público.

La estrategia de reducción de costes y maximización de los beneficios por parte de las compañías públicas y privadas que gestionan los aeropuertos les ha llevado a eliminar o reducir equipamientos, reservas material y personal que hubieran permitido amortiguar el impacto negativo del mal tiempo en el transporte aéreo y haber mantenido un mayor nivel de actividad.

Las pésimas condiciones laborales que práctican muchas de las empresas de servicios subcontratadas en los aeropuertos, en esa misma lógica de reducir al mínimo los costes y multiplicar al máximo los beneficios, favorecen elevadas tasas de absentismo en los momentos críticos.

Bruselas es un caso paradigmático de la pasividad de las autoridades publicas ante las reiteradas muestras de mal funcionamiento de la gestión del aeropuerto. El pasado lunes 20 de diciembre, por ejemplo, con un cielo despejado e incluso soleado durante la primera mitad de la jornada y las pistas despejadas, las compañías aéreas sufrieron enormes retrasos en los vuelos, por la falta de personal del aeropuerto.

Mientras la nieve no había impedido a los viajeros acudir al aeropuerto, numerosos empleados de las distintas compañías que aseguran los servicios de tierra habían encontrado en esa misma nieve una excelente excusa para no acudir al trabajo, lo que convirtió los operaciones de vuelo en un caos total. Las compañías aéreas tuvieron que organizar incluso equipos con su propio personal para cargar y descargar las maletas de los aviones, porque las empresas responsables de ese servicio se habían quedado sin personal.

La situación llegó al nivel de surrealismo belga por la tarde con el anuncio de los responsables del aeropuerto de Bruselas que deberían suspenderse los vuelos de despegue hasta el miércoles 22 de diciembre, porque el aeropuerto se había quedado sin el anticogenlante que se utiliza para proteger las partes móviles de los aviones. Al final hubo menos suspensiones de las previstas porque algunas compañías se procuraron el preciado líquido por su cuenta.

La pregunta que aún no han respondido los responsables del aeropuerto de Bruselas y las autoridades nacionales belgas es: ¿Cómo es posible que al inicio del invierno y tras las primeras nevadas se agoten las reservas de un producto tan esencial como los anticongelantes para los aviones? ¿Cómo es posible que las reservas sean tan limitadas?

Bélgica, seis meses sin Gobierno

Bélgica lleva ya seis meses sin Gobierno federal después de las elecciones del 13 de junio de 2010 y no parece que los partidos políticos flamencos y francófonos sean capaces de formar una coalición gubernamental en un futuro próximo, a pesar del riesgo de que esa permanente incertidumbre política pueda desencadenar la pérdida de confianza de los mercados financieros en un país cuya deuda pública equivale a la totalidad del producto interior bruto (PIB) anual del país.

La reforma del Estado y, sobre todo, la modificación del sistema de financiación de las regiones del país enfrentan a flamencos y francófonos en una pugna de difícil solución. Flandes, la región más rica, poblada y dinámica del país,  reclama una sustancial ampliación de los poderes regionales que transformaría en actual Estado federal belga en casi un Estado confederal.

Flandes exige que la reforma vaya acompañada de un cambio radical en la financiación de las regiones para reducir su actual transferencia masiva de fondos hacia la comunidad francófona de Walonia y Bruselas, en una situación endémica de desempleo muy elevado e insuficiente desarrollo económico.

Los partidos francófonos, liderados por los socialistas, consideran inaceptables las sucesivas propuestas formuladas por los partidos flamencos en la mesa de negociaciones, porque implicarían un drástico recorte de los fondos públicos disponibles para Walonia y Bruselas y exigirían una drástica reducción de las subvenciones familiares, del seguro de paro y de la asistencia sanitaria. La última oferta encima de la mesa recortaría en unos 650 millones de euros los fondos públicos de Walonia, según las estimaciones francófonas.

La Nueva Alianza Flamenca (NVA), el principal partido de Flandes y Bélgica que tiene como objetivo final que Flandes sea independiente, responsabiliza del bloqueo a los partidos francófonos por rechazar “las reformas sensatas que son imprescindibles en Bélgica” y por negarse a una inaplazable reducción del gasto público. Los democristianos flamencos (CDV), segunda fuerza política en Flandes, se alinean con la NVA y consideran inviable un acuerdo que margine al gran vencedor de las elecciones de junio.

El líder de la NVA, Bart de Wever, en una entrevista en la revista alemana Der Spiegel acaba de definir a "Bélgica como el enfermode Europa" y compara a los francófonos con drogadíctos por su dependencia de las "trasfusiones financieras". Estas declaraciones incendiarias han desatado la ola habitual de condenas francófonas y han enrarecido aún más el clima político del país.  

Ante actual falta de perspectivas de encontrar una salida a la profunda crisis política belga, algunos políticos históricos francófonos, como Jules Gheude, advierten que debe asumirse la realidad de que “Bélgica no tiene futuro” y que los actuales líderes francófonos se autoengañan al pretender que el bloqueo es fruto de la intransigencia de la NVA y no comprender que Flandes camina hacia su autoafirmación como estado propio.

Estos mismos políticos francófonos históricos consideran también que es inviable económicamente el famoso “Plan B” de los actuales líderes para crear una federación Walonia-Bruselas en caso de fractura definitiva de Bélgica y que la única solución para la comunidad francófona sería su integración en Francia.

Sacrificios y bonus en la crisis

Los directivos del quebrado grupo Allied Irish Banks (AIB), que ha tenido que ser rescatado con fondos públicos de momento por valor de unos 11.000 millones de euros por parte del Gobierno irlandés, se van a repartir este año más 40 millones en bonus, según reveló la cadena de televisión irlandesa RTE el pasado 9 de diciembre.

El salvamento del AIB ha sido una de las principales causas que ha disparado el déficit público irlandés a un astronómico 32% del producto interior bruto (PIB), ha forzado a la Unión Europea (UE) y al Fondo Monetario Internacional (FMI) a poner en marcha un plan de rescate financiero de Irlanda con una ayuda externa de 67.500 millones y ha impuesto a la población irlandesa un draconiano plan de ajuste con recortes del salario mínimo y de las ayudas sociales.

El comportamiento de la dirección del banco irlandés, con ese generoso reparto de bonus entre sus directivos responsables de la pésima situación de la entidad, consolida la pauta internacional de injusticia que ha dominado la actual crisis financiera iniciada en el 2008 y que condujo a Europa y EEUU a la recesión más grave desde la Segunda Guerra Mundial: la impunidad total e incluso recompensa de los responsables de la crisis y los enormes sacrificios que deben sufrir el resto de sus conciudadanos para superarla.

Los directivos bancarios, cuando han sido apartados de sus cargos, han recibido con generosas compensaciones económicas en lugar de afrontar una persecución judicial por daños y perjuicios por su irresponsable gestión. En los demás casos, han seguido confortablemente en sus puestos y continúan repartiéndose generosas bonificaciones, como si nada hubiera ocurrido. Sus conciudadanos, por el contrario, deben afrontar el desempleo, la pérdida de poder adquisitivo y unas condiciones de vida peores.

Esta pauta se ha reproducido por todas partes: en Gran Bretaña, en Bélgica, en Alemania, en todos los países donde se ha tenido que recurrir a fondos públicos para apuntalar al sector financiero. Incluso en España, la restructuración forzada de las cajas de ahorros tampoco ha conllevado la necesaria exigencia de responsabilidades a los directivos que han debilitado a las entidades, sino que por el contrario han sido estos mismos directivos quienes han pactado las condiciones de las fusiones de las cajas a su propia medida.

El caso irlandés es aún más grave porque la crisis financiera de Irlanda ha tenido un efecto contagio en los mercados internacionales, que ha perjudicado en especial a Portugal y España. Ambos países han visto notablemente encarecido el coste de su deuda pública y que deberán pagar los ciudadanos con ajustes adicionales.

A nadie debe extrañarle el profundo malestar que impregna al conjunto de la población europea, que considera que los gobiernos nacionales y las instituciones europeas no adoptaron ninguna medida para prevenir la crisis financiera que se avecinaba y que ahora les imponen duros sacrificios sin que se persiga a ninguno de los responsables de la crisis.